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Distrito Federal.- Para aquellos menores —desde recién nacidos hasta seis años— que no cuentan con la posibilidad de que sus padres se hagan cargo de ellos, existen asociaciones civiles como Hogar y Futuro que recibe a huérfanos o que requieren una protección temporal y les proporciona un hogar hasta que puedan ser adoptados por una familia.
Gran parte de los niños que permanecen en esta institución están relacionados con alguna averiguación previa por diversas situaciones de orden legal relacionadas con sus progenitores; de modo que los niños que viven en esta institución sólo podrán ser entregados en adopción si su situación jurídica estuviera plenamente definida.
La Procuraduría de Justicia del DF es quién da seguimiento jurídico al status de los niños que llegan a Hogar y Futuro provenientes del Centro de Estancia Transitoria de esa dependencia.
Para la directora de esta institución es importante hacer notar que la tardanza en la definición de la situación legal de los niños provoca que estos permanezcan por años en las instituciones, crezcan en ellas, pase el tiempo y esto origina que sea más difícil lograr su adopción, pues en México aún prevalecen las parejas que desean adoptar pequeños; y los menores que se van haciendo mayores pierden oportunidades de ser adoptados.
Actualmente hay unos 30 mil niños institucionalizados, en aproximadamente 500 instituciones de asistencia privada o asociaciones civiles.
Asociaciones civiles como Hogar y Futuro cuentan con las herramientas para la adopción legal de los menores, “pero el proceso se hace lento en la liberación jurídica de los niños por parte de las instituciones involucradas, lo cual no contribuye a que en el caso de Hogar y Futuro se logre obtener con prontitud y agilidad la patria potestad”, señala Hernández.
“No es justo que los niños permanezcan institucionalizados. Creo que deberían estar un tiempo corto en los albergues, pues lo óptimo para ellos sería encontrar una familia y una mejor alternativa de vida. Nosotros somos un puente de crecimiento y de rescate de su dignidad pero los menores no deberían estar destinados a quedarse en las instituciones”, opina Hernández.
“El seguimiento o proceso jurídico hacia cada uno de los niños es muy lento. El DIF tanto estatal como nacional no tiene facultades en todos los estados para promover la liberación jurídica; existe una averiguación previa donde el Ministerio Público busca familiares alternos en todos los estados; después vienen las publicaciones de edictos”.
La experiencia de la directora general de esta institución le permite afirmar “que cuando los parientes de los niños son localizados, la mayoría de las veces evitan hacerse cargo de ellos, e inclusive muchas veces no asisten a las convivencias que se llevan a cabo para procurar una integración familiar”.
Sólo el 23% de los niños institucionalizados están en condiciones de ser adoptados. De este 23%, sólo el 15% tiene entre 0 y seis años, lo cual reduce aún más las posibilidades de que sean adoptados en nuestro país”, lamenta Hernández.
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